El Tribunal Constitucional (TC) declaró no conforme con la carta magna el primer artículo de dos disposiciones del Concejo de Regidores del Ayuntamiento Municipal de Azua que habían limitado la proliferación de bancas de lotería en esa localidad.

Se trata de la Ordenanza 12-2014, aprobada en septiembre del 2014, en la que se prohibió la instalación de nuevas bancas de lotería y la Ordenanza 08-2019, en la que el Concejo decidió no otorgar nuevas certificaciones de «no objeciones» para permitir la operación de más centros de apuestas en el territorio azuano.

En ambas se establecieron excepciones que fueron cuestionadas por su falta de razonabilidad y claridad de criterios.

En la primera se permitirían «casos en que las autoridades municipales puedan observar cabal cumplimiento de la ley por parte de sus propietarios». La duración de la segunda se condicionó al surgimiento de una nueva resolución que la anule.

Esas normativas estuvieron vigentes hasta que el señor Fernando Antonio Guzmán Castro, identificado como propietario del fondo de comercio denominado Banca Real, depositó ante el TC una instancia en su contra en abril del 2025 que resultó en la sentencia TC/1167/25, del 11 de noviembre del 2025.

Guzmán alegaba que los referidos actos municipales transgredían los derechos fundamentales a la libertad de empresa, a la libre y leal competencia, a la propiedad y al trabajo; además de que contrariaban los principios de supremacía constitucional, función esencial del Estado, pro homine (pro persona), razonabilidad y del régimen tributario.

Fuente  Diario  Libre