Los paros de docencia por parte de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) han sido una herramienta utilizada con frecuencia por el gremio en sus constantes protestas en busca de beneficios o en reclamos de situaciones que afectan a la comunidad educativa, sin embargo, esto viola acuerdos previamente establecidos.

En el último pacto firmado entre el Ministerio de Educación (Minerd) y la ADP, en junio de 2021 y ratificado en 2023 —aún vigente—, se establece que ambas partes deben comprometerse a mantener el diálogo en cualquier situación, sin afectar el proceso educativo.

«Mantener el diálogo en todo momento entre las partes, procurando el consenso democrático como instrumento para la solución de diferencias y la realización de acuerdos, de modo que no se afecten ni se atenten contra los procesos y espacios educativos, asumiendo en todo momento el diálogo constructivo como método para dirimir y resolver los inconvenientes que pudieran suscitarse en cualquier instancia del sistema educativo», dice el documento.

No obstante, esta cláusula se ha incumplido desde la firma del convenio, siendo la más reciente a raíz de los inconvenientes surgidos con el inicio del año escolar.

Al comenzar este período lectivo, la seccional de la ADP en Bonao suspendió la docencia en apoyo a una causa personal, respaldando al dirigente gremial Raúl Martínez, citado ante la justicia por una querella de difamación e injuria. El paro dejó sin clases a unos 27,000 estudiantes.

En San Juan, la ADP también convocó a un paro en el distrito escolar 02-06 para el pasado 1 de septiembre. Se cerraron 105 planteles para discutir en asamblea la situación de la infraestructura escolar, el traslado de docentes y los nombramientos de los nuevos, entre otros temas.

Ya la Federación de Asociaciones de Padres y Amigos de la Escuela había advertido, en un estudio, que en el primer cuatrimestre del año escolar 2024-2025, más de 1,400,000 estudiantes de 4,800 centros educativos públicos se vieron afectados por las huelgas de la ADP.

Por su parte, la Acción Empresarial para la Educación (Educa) subrayó que el cumplimiento del calendario escolar no debe ser negociable ni afectado por coyunturas de ningún tipo.

A través de un comunicado en el que fijó su postura sobre la paralización en Bonao, rechazó las interrupciones y afirmó que estas representan una vulneración al derecho a la educación de los niños y adolescentes. Además, indicó que el aula no debe ser un escenario de disputa en ninguna circunstancia.

Fuente  Diario  Libre